Durante las últimas semanas se han hecho públicas diversas declaraciones y comunicaciones a propósito del proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. El Partido Pirata Español ya hizo públicas sus propuestas de modificación de dicha ley a finales del pasado mes de mayo, dentro del plazo inicial de presentación de enmiendas, plazo que posteriormente fue prolongado hasta principios del mes de septiembre.

De entre las propuestas presentadas en su momento por el Partido Pirata Español deseamos destacar los siguientes puntos:

• En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5 de la Constitución Española, los únicos órganos competentes cuando los servicios de la sociedad de la información a restringir consistan en o estén relacionados con publicaciones, grabaciones y otros medios de información serán los Juzgados y Tribunales, que son los órganos jurisdiccionales previstos a su vez por el artículo 117 de la Constitución Española.

En virtud de este principio resulta inadmisible la pretensión de algunas entidades de gestión de derechos de autor de ser consideradas como órganos competentes con capacidad para ordenar el cierre de servicios web. El Partido Pirata Español quiere expresar su profunda preocupación ante las noticias que, periódicamente, afirman que el ejecutivo considera aceptable dicha pretensión, a pesar de su evidente inconstitucionalidad.

El mero hecho de que un partido político, sea cual sea, no se posicione claramente en contra de estas pretensiones de las entidades de gestión de derechos de autor, nos hace dudar seriamente del carácter democrático de dicho partido, al igual que si no se posicionara en contra del uso de la violencia, a favor de la neutralidad de la red o a favor de la libertad de expresión. Estos principios, imprescindibles para el sano desarrollo de una sociedad democrática, son deliberadamente ignorados u oportunamente invocados según interese a cada grupo de poder en cada momento.

• En el actual estado del proyecto de ley se lee que "El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2007, la máxima cobertura posible en cuanto a disponibilidad de banda ancha para cualquier usuario, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso".

El Partido Pirata Español considera absurdo el párrafo anterior, ya la fecha propuesta (31 de diciembre de 2007) no es solamente demasiado próxima para ejecutar una inversión importante en extensión del acceso a Internet por banda ancha, sino que es incluso poco probable (al ritmo actual) que la Ley de Impulso de Sociedad de la Información haya culminado con éxito su tramitación antes de dicha fecha. Paralelamente a la tramitación de esta ley, además, la CMT hará públicos sus planes para la extensión de las llamadas Redes de Nueva Generación (NGN), que probablemente tengan mas trascendencia en la extensión de la banda ancha que la propia Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. En la consulta realizada por la CMT a propósito de estas nuevas redes se plantea la posibilidad de aligerar la regulación ejercida sobre los operadores de telefonía (posibilidad conocida como "vacaciones regulatorias") y la posibilidad de que los operadores discriminen unos contenidos en favor de otros económicamente mas rentables (derogación del principio de "neutralidad de red"). El Partido Pirata Español se opone a las vacaciones regulatorias y reclama la protección del principio de neutralidad de la red, y además de la separación de las funciones minorista y mayorista en empresas distintas en el mercado español de acceso a Internet (propuesta Operador Neutro), con el fin de permitir un mercado libre, no controlado por ningún monopolio.