El Comité Sectorial de Sociedad de la Información del Partido Pirata trabajará para que toda la sociedad pueda avanzar unida de la mano de la Sociedad de la Información, sin discriminación alguna por razón de condición social, personal o de localización geográfica; para que las administraciones públicas hagan uso de software, documentación y formatos estándares, abiertos y no privativos, y para lograr la neutralidad en Internet.

Sobre la situación generada tras la aprobación de la LISI y su relación con la Sociedad de la Información

Sobre los límites de los derechos de autor.

Sobre este tema debe pronunciarse el Comité Sectorial de Derechos de Autor pero, en lo que a Sociedad de la Información afecta, hay un límite claro: cualquier sistema de remuneración por copia privada (si se considerase procedente tal cosa) no debería servir en ningun caso para justificar abusos tales como:

• El cobro de un canon indiscriminado a cualquier ciudadano en concepto de un presunto uso ilegal de una obra, se haya realizado dicho uso o no.
• La derogación del principio de neutralidad de la red (aplicando restricciones, por ejemplo, a los servicios P2P) para controlar la distribución de ciertas obras a través de Internet.

Y, por supuesto, no puede establecerse ninguna vinculación entre los derechos de los autores y los derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios a, por ejemplo, realizar copias para uso personal sin ánimo de lucro, o al intercambio de archivos de cualquier procedencia no puede vincularse al pago de un canon o de otra remuneración.

Cabe recordar que, en la Propuesta Operador Neutro, PIRATA ya propuso una alternativa que permitía, de manera legítima y sencilla, la recaudación de dinero para las entidades de gestión de derechos de autor: bastaba con que dichas entidades invirtieran parte de sus ganancias en la expansión de las redes de nueva generación, participando así en parte de las ganancias. Dado que el actual negocio de la industria discográfica se basa, principalmente, en la distribución de documentos de audio, video y multimedia, la inversión de capital en la expansión de las redes de nueva generación solo representaría una migración a los nuevos canales de distribución. Esta idea, sin embargo, exigiría un escrupuloso respeto del principio de la neutralidad de la red, dado que desde su posición de accionistas las empresas discográficas tendrían la tentación de priorizar sus propios contenidos sobre otros.

Sobre la criminalización de los servicios P2P.

El uso de servicios P2P para el intercambio de archivos siempre ha estado en el punto de mira de las entidades gestoras de derechos de autor. El argumento esgrimido es el de considerarla no como un intercambio de archivos, sino como la "disposición a una pluralidad de usuarios". La reciente polémica sobre la posible (y, al final, fallida) enmienda sobre la derogación del canon (mas bien su sustitución por no sabemos bien que mecanismo o que tipo de agencia de propiedad intelectual) ha reavivado el acoso al P2P.

Llama la atención el ejemplo francés, que propone cortar el acceso a Internet de aquellos usuarios que, en repetidas ocasiones, hayan utilizado estos servicios para la descarga de contenidos con copyright restrictivo. En España ha sido necesario pedir la retirada de campañas informativas (¿o debería decir desinformativa?) que tachaban de actividad delictiva la descarga de música o películas de Internet. Algunos internautas españoles ya se quejan de que la velocidad de bajada de su conexión es sospechosamente pequeña cuando intentan acceder a este tipo de servicios.

Dado el desgaste político producido por la polémica del canon en la tramitación de la LISI no es previsible que los servicios P2P sean atacados por reforma legislativa alguna. Pero pasadas las elecciones, y si el PSOE vuelve a formar gobierno (algo bastante posible) la SGAE volverá a la carga con fuerzas crecidas, cosa que podría ocurrir en cualquier momento a partir de la próxima primavera.

Una previsible excusa para el cierre de servicios P2P podría ser la exigencia de garantías de que toda obra puesta en circulación procedan de CD o DVD originales. Otra posible excusa, ya utilizada en el pasado, es considerar la presencia de publicidad como demostración del "animo de lucro". En medio de una oleada de ataques contra los servicios P2P no sería demasiado sorprendente que se llegase a un acuerdo, entre entidades de gestión de derechos de autor y operadoras de acceso a Internet, de restricción de todos los servicios P2P, independientemente del tipo de contenidos que circulasen por ellos.

La redacción final de la LISI no incluye alguna mención explícita al principio de neutralidad de la red, pero mientras no se considere a los operadores de acceso a Internet como organos competentes (y mientras no se aleguen poderosas razones para intervenir un servicio web) toda restricción de un servicio podría ser considerada una violación del Capítulo II, artículo 4 de la LISI (para algo bueno tendría que servir ¿no?).

Sobre la extensión de la accesibilidad a Internet por banda ancha.

La inclusión en la LISI de la promesa de la extensión de la banda ancha a la totalidad del territorio nacional antes de la finalización del 2008 es humo, principalmente por dos razones:

• Teniendo en cuenta la inminencia de la campaña electoral, y que tras las elecciones se requiere un periodo de tiempo mínimo para formar un gobierno, es poco creible que se pudieran concretar medidas significativas de impulso a la extensión de la banda ancha antes de la primavera. Dado que dichas medidas requerirían un tiempo para dar sus frutos es poco creible que estos fueran perceptibles en diciembre de 2008.
• Aún en el caso de que se lograse esta hipotética extensión de la banda ancha a la totalidad del territorio nacional debe tenerse en cuenta que oficialmente (orden ITC/701/2005 -modificada por la ITC/996/2005-) se considera "banda ancha" a partir del cuarto de mega de velocidad de bajada (ancho de banda red-usuario/usuario-red de 256K/128K), y que en el caso del "ADSL rural" no se sobrepasa nunca el medio mega. Estas velocidades son claramente insuficientes para muchos de los servicios de Internet, incluyendo algunas webs de las administraciones públicas, constituyendo una brecha digital entre zonas urbanas y zonas rurales cuya existencia, sin embargo, ira siendo negada por el ejecutivo a medida que esta presunta "banda ancha" se vaya extendiendo por el país.

PIRATA debería exigir una redefinición del concepto de "banda ancha" vinculado a la velocidad media (podría, por ejemplo, pedirse que desde cualquier localidad del país fuera posible acceder a la red con una velocidad mínima no inferior al 70% de la velocidad media). Habría que retomar la redacción de la Propuesta Operador Neutro una vez que haya sido publicada la LISI, por si fuera necesaria alguna modificación.

Sobre la violación de los derechos constitucionales a la libertad de expresión.

Este es un tema sobre el que debería pronunciarse el Comité Sectorial de Derechos y Libertades, aunque en parte afecta a Sociedad de la Información.

Aunque aún no ha sido publicada la LISI es bastante probable que la libertad de expresión este en peligro de ser mermada por dos mecanismos:

• La pretensión de que un "organismo competente" pueda restringir, impedir, secuestrar, etc una web sin necesidad de intervención judicial siempre que no se violen principios citados en el artículo 20 de la consitución española. En realidad cualquier restricción de este tipo es recurrible ante los tribunales, pero al tratarse de un recurso "a posteriori" no se evitaría el daño: de poco sirve recurrir el cierre, por ejemplo, de una web que denuncie un atentado ecológico si, cuando el juez vuelva a abrir la web, el atentado ecológico ya se ha consumado.

La excusa propuesta para defender semejante legislación es que "ya se hace así en el mundo real, e Internet no va a ser diferente". Tal excusa es cierta: en el mundo real un ayuntamiento, por ejemplo, puede restringir el reparto de prensa gratuita (siempre y cuando alegue para ello razones como la defensa de la economía o del medio ambiente, por ejemplo), pero dicha decisión siempre resultará polémica porque lo que para unos puede ser un acto en defensa del medio ambiente y la economía locales, para otros puede ser una violación de la libertad de expresión. Es evidente que habría que responder "el que se haga mal en el mundo real no implica que también deba hacerse mal en Internet": PIRATA debería exigir que se cumpliera la norma constitucional dentro y fuera de Internet.

• La posibilidad de una Internet a dos velocidades, planteada por la CMT en su encuesta sobre las NGN, reclamada por algunos operadores de acceso a Internet, y rechazada por PIRATA (y por UGT), sería una forma de ataque a la neutralidad de la red que podría condenar al ostracismo a los contenidos generados por grupos políticos, ONG, asociaciones culturales y particulares con bajo presupuesto, dando preferencia en su difusión a los contenidos generados por grandes empresas, grupos mediáticos y grupos políticos con una fuerte presencia parlamentaria. El efecto sería una nada sutil forma de censura previa. Esta es una razón mas por la que PIRATA debería pedir la insitucionalización del principio de neutralidad de la red, como ya hizo en su respuesta a la encuesta sobre NGN y en la Propuesta Operador Neutro.

Tal y como expliqué anteriormente es posible que el ominoso artículo 4 del capítulo II de la LISI constituya, indirectamente, una protección del principio de neutralidad de la red.

Situación anterior a la aprobación de la LISI

Declaración pública sobre la tramitación de la LISI

• Declaración pública sobre la tramitación de la LISI

Propuesta Operador Neutro

• Resumen de la Propuesta Operador Neutro.

OpenXML no debe ser ISO 29500

• Además de la campaña mundial www.NoOOXML.org, se lanza ahora la campaña iberoamericana con el objetivo de concienciar a todos los órganos de estandarización de América Latina, España y Portugal sobre los motivos fundados y precisos por los que el falso formato abierto de Microsoft, Office OpenXML (OOXML), no debe ser estándar ISO por el bien de la propia ISO y de la sociedad. Hay estándares que abren mercados, como OpenDocument, pero otros los cierran con monopolios, como OOXML. ¡Llama ya a tu organización nacional de estándares! ¡No a OOXML!

Consulta pública de la CMT para las redes NGN

• La CMT ha publicó el mes pasado una consulta pública para sobre las redes NGN(ver documento). Durante algún tiempo estuvimos proponiendo respuestas en el wiki que, finalmente, editamos en un pdf y enviamos a la CMT.

Normativa

• LAECAP (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas)
  • Segundo informe del Oservatorio de Neutralidad Tecnológica sobre esta ley. Noticia en Barrapunto.

Enmiendas a la LISI

• Elaboración de enmiendas a la LISI[1].

Propuestas y programa

• Elaborar propuestas concretas para definir un posible programa electoral, elaboración aquí.

Organizaciones afines al comite

• Organizaciones afines al comite de sociedad de la informacion
• Listado de asociaciones, GRID Social de PIRATA, ámbito mas general.

Otros documentos de interés

• Informe semestral sobre la Sociedad de la Información (INE).
• Las redes WiFi a examen (Telefónica).
• La construcción de los servicios paneuropeos de administración electrónica (MAP).
• Las TIC en la sanidad del futuro (Telefónica).
• La brecha de género en la Sociedad de la Información.
• Orientaciones de Hispalinux para candidatos a las elecciones municipales.
• Tipos de estándares (OPENTIA).
• Definiciones oficiales de estándares abiertos en Europa.
• Obsevatorio de neutralidad tecnológica.

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Coordinador: Ángel Vázquez Hernández